“Por primera vez, nos damos cuenta de que nuestra
Lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa,
La destrucción de un hombre, … si hablamos
No nos escucharán, y si nos
escuchasen no nos entenderán…”

Primo Levi

A partir de hace aproximadamente dos décadas en México, desde la desaparición de la estructura de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con las oficinas federales y sus instituciones regionales que las regulaban -1992 a 1993- se inicio toda una estructura que amplió las obligaciones de los contribuyentes, contamos con la obligación de expedir comprobantes fiscales y con ello la creación de las visitas de inspección para su verificación, con esto la existencia de multas y clausuras por no expedir dichos comprobantes o hacerlo en forma incorrecta, siguen las declaraciones que se presentan por los contribuyentes en donde aumenta la periodicidad de las mismas, y sobre todo incrementa la información que se debe de incorporar en las mismas datos, hasta llegar a cantidades que corresponden a donaciones, herencias, préstamos, que complementan no la información fiscal, sino la patrimonial de cada uno de los obligados, estas cargas impositivas evolucionan hasta llegar a lo que son ahora los sistemas computacionales o electrónicos: comprobantes fiscales digitales, avisos por Internet, y contabilidad por el mismo medio, desde el ámbito del derecho sancionador, se incrementan las penas a los gobernados, las atribuciones de las autoridades, desde los procedimientos de fiscalización donde se expanden todas las atribuciones de las autoridades para revisar a los contribuyentes, realizar visitas, etc., hasta el procedimiento administrativo de ejecución en donde ahora se realizan embargos por medios electrónicos, tanto a las cuentas bancarias e inversiones como a las cuentas por cobrar, sin embargo, habrá que detenerse en esa parte, es decir en esas amplias atribuciones que tiene el Estado para castigar, que han dado como consecuencia la implementación de muchas medidas y sanciones totalmente desproporcionales, medidas que permiten que cualquier gobernado quede en estado critico económica, e incluso moral y físicamente.

De lo anterior, se desprende la pegunta: ¿Cuál es la posición de los servidores públicos?, es decir, aquellos que realizan con una computadora una orden de embargo, imponen una sanción, un requerimiento de autoridad, o bien, presuntivamente un crédito fiscal impagable, en base a la ilusión óptica que marcan los principios de ejecutoriedad y de legalidad que en general pueden afectar y han afectado enormemente a un sinnúmero de contribuyentes, desde perder cantidades económicas, hasta la propia salud y la vida, en tanto, los servidores públicos con la insensibilidad que permite la burocracia no se dan cuenta de esta realidad, es decir, desconocen el alcance de sus acciones a todos los que afectan sus medidas burocráticas sustentadas en una ley que para “efectos fiscales” observa lo que quiere observar y no ve lo que no quiere ver, y que después penosamente es confirmado por los juzgados, tribunales pasando por todas las instancias jurisdiccionales, haciendo justicia de escritorio, que no permite conocer la realidad social, y los efectos de cada una de sus acciones, citaba al respecto Jean Piaget: “La moral de la autoridad, que es la moral del deber y de la obediencia, conduce, en el terreno de la justicia a la confusión de lo que es justo con el contenido de la ley establecida…” (FEIERSTEIN, Daniel, “El genocidio como práctica social” Fondo de Cultura Económica, México, 2011) Así, lo que se ha perdido es la sensibilidad de las acciones en la función publica, desde un escritorio público se ha conformado el Estado burocrático que gobierna, recauda y administra la justicia a una sociedad que no conoce a una realidad que no ve, y que se limita a justificar su propia existencia: en las clínicas de salud publica inyectando medicinas que no se requieren y no contar con las que se necesitan, en las escuelas instruir lo que no se demanda, y olvida la educación elemental, se dictan sentencias que no se ejecutan, se suspende la demolición o la clausura ya consumada, este clima burocrático del cual se vive actualmente, fue el que para algunos tratadistas causo dramáticamente el genocidio más grave en el siglo pasado en Europa: El nazismos. Para Z. Bauman, el sistema burocrático de los alemanes generó el holocausto. (BAUMAN, Zygmunt “Modernidad y Holocausto” Sequitur, Madrid, 2010) Y que, sobre la excluyente de la obediencia debida, es decir, por tratarse del cumplimiento de un deber, no hay responsabilidad moral, ni jurídica de las acciones que se cometieron a pesar de haber ocasionado esas consecuencias atroces. (ARENDT, Ana “Eichmann en Jerusalén” Lumen, Barcelona, 2003) Lo cierto es que, las acciones burocráticas han producido lo que actualmente se observa penosamente en las ciudades, poblaciones y carreteras del norte al sur del Estado mexicano: La insensibilidad total: ¿Qué se esperará para cambiar el rumbo?

Silvino Vergara Nava

Silvino Vergara Nava

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Litigante en materia fiscal y administrativa. Profesor de Maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Silvino Vergara Nava

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