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“El derecho es una respuesta también
débil porqué ha convivido con regímenes
autoritarios y con la impunidad
de los más poderosos”.

– Boaventura de Sousa

Derechos humanos, ponderación, proporcionalidad, neoconstitucionalismo, garantismo, ius naturalismo racionalista, positivismo ideológico, cuasi-positivismo. Pareciera que todo lo que se tiene que decir y exponer en el conocimiento jurídico es derecho europeo, particularmente continental, con algunos matices del derecho anglosajón. Los estudiantes aspiran —y algunos acuden— a las grandes universidades norteamericanas para conocer qué instituciones se deben aplicar en América Latina, sin importar si son adecuadas o no; total, si no funcionan, habrá la oportunidad de cambiar o reformar esas medidas. Las pérdidas son mínimas, pues se resumen en el deterioro de los recursos naturales en el sur, la muerte y prisión de latinoamericanos.

El trabajo jurídico en Latinoamérica se limita a saber cómo implementar estas reformas jurídicas, para que los funcionarios públicos las apliquen y se legitimen ante la sociedad, para lo cual cuentan con varias herramientas. En primer término, con los medios masivos de comunicación, que se encargan de influir permanentemente en la población sobre las bondades de las reformas legales, y la problemática de no contar con ellas; o bien, de no hacerlo en forma acelerada. El último ejemplo que tenemos de ello es la reforma constitucional a los artículos 27 y 28, denominada “reforma energética”.

Adicionalmente, se legitiman esas modificaciones legislativas en las universidades, escuelas y centros de capacitación que se encargan de exponer los cambios, cómo operan, cuándo entran en vigor, etc. Los profesores, instructores y capacitadores no califican las reformas, simplemente las exponen para que se pongan en marcha, pues de la instrucción que provenimos nos enseñaron que el derecho se describe pero no se evalúa, por ello es que no estamos capacitados para calificar las instituciones jurídicas o las reformas, simplemente hay que aprenderlas y aplicarlas. Por último, legitiman estos cambios otros instrumentos que son los textos jurídicos, libros, manuales, etc., principalmente elaborados por “las fuentes oficiales”, que al ser subsidiados por las instituciones y editoriales públicas o bien por los grandes monopolios editoriales desarrollan, detallan y exponen las mismas ideas que sirvieron de exposición de motivos por los legisladores, para aprobar sus bondades sin mencionar critica alguna, pues eso repercute en la disminución o retiro de los subsidios económicos. De las instituciones privadas poco se puede decir, porque la producción en libros y textos es casi nula, y comúnmente con dos yugos con que cuentan: el del desprecio oficial o la humillación en el foro que trata de críticas provenientes de pensamientos populistas, del pasado, sin fundamento, etc.

Al final, el fracaso de esas instituciones jurídicas provenientes de los países centrales e impuestas por los organismo internacionales causa muchas víctimas, por ejemplo, la administración pública que no sabe y no cuenta con recursos económicos en los países de Latinoamérica para implementar esas medidas, después le siguen los jueces, secretarios y magistrados de juzgados y tribunales que son victimas al encontrarse en la disyuntiva respecto a cómo se interpretan y aplican esas disposiciones, que provocan ante la realidad jurídica su improcedencia, injusticia e inconsistencia; y de aquí se siguen los justiciables, que resultan afectados en sus vidas, familias, libertades y patrimonio.

Ante toda esta realidad, pareciera que no es posible crear en América Latina nuestro propio derecho, nuestras leyes e instituciones, es decir, nuestra propia filosofía del derecho, que corresponda a nuestras propias necesidades, y no a las urgencias económicas de las industrias extranjeras para explotar los recursos naturales de América Latina y a toda nuestra población, pues es falso que solamente se explote a la clase trabajadora, a la clase media y a las clases bajas, esto se hace extensivo a los empresarios, a los que enamora o encajona a que su única opción de progreso sea maquilar los productos que el sistema económico monopolizador indica, o que incursionen en la industria del cemento, es decir, construyendo obra publica, vivienda o infraestructura en general. También son victimas el propio Estado y los servidores públicos, que por la ausencia total de conocimientos jurídicos sobre la realidad en los países de América Latina, ven la opción puesta por los inversionistas extranjeros, bien sea de la industria de los alimentos, farmacéuticos, hidrocarburos, turismo, minería, etc.; como el único camino para provocar un progreso en nuestras naciones, que se traduce en una evidente involución. Ante toda esta radiografía, ¿habrá la posibilidad de una filosofía latinoamericana del derecho?

Silvino Vergara Nava

Silvino Vergara Nava

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Litigante en materia fiscal y administrativa. Profesor de Maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Silvino Vergara Nava