EL CONTRATO SOCIAL Y EL TIRANOSAURIO REX

Todos hemos escuchado hablar acerca de los dinosaurios y el Tiranosaurio Rex. Sabemos en términos generales que eran criaturas gigantes que habitaron la tierra, y que por lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción y en los museos de historia, tenían un aspecto intimidante. Todo lo que sabemos acerca de ellos es simplemente un relato de nuestra historia y seguramente en muchos casos también de nuestra imaginación.

Así pasa con el contrato social. Sabemos que nuestra Constitución es un documento que consta de 136 artículos, en el que se contienen tanto prerrogativas como obligaciones a las que se sujetan los ciudadanos de un Estado y que éste último debe otorgarles a su vez ciertos derechos. De acuerdo a lo que dice la doctrina, el contrato social tuvo como fin crear paz entre los hombres (Thomas Hobbes, Leviatán 1651); sustraerlos del orden natural para insertarlos a una instancia superior creada por ellos mismos para asegurar su supervivencia -el Estado-. El contrato social, visto desde esta perspectiva iuspositivista, fue la mejor creación que el hombre moderno pudo idear para el surgimiento de la sociedad, tal como hoy en día la conocemos. Sin embargo, tras cuatro siglos de haber surgido la obra de Thomas Hobbes, las cosas han cambiado y los fines del contrato social se han incumplido. Ahora en pleno siglo XXI vemos que el contrato social ha perdido su valor y respeto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido desde 1917 a la fecha 232 reformas. Antes de 2011 se hablaba acerca de las garantías individuales y ahora hablamos de los derechos humanos y sus garantías, antes nos enseñaban en las facultades de Derecho que las garantías se encontraban inmersas en los primero 29 artículos de la Constitución y, ahora, sabemos que los derechos humanos están inmersos en cada uno de los 136 artículos; pasamos de una dura lex sed lex, a una interpretación pro personae.

Las figuras rígidas y respetadas del derecho que por mucho tiempo conocimos y aprendimos, se redujeron a simples compromisos (por no decir caprichos) de organismos internacionales que nos dictan la “nueva forma” de entender el derecho, soft law. Esta falta de respeto, servil de los organismos internacionales, que empezó su movimiento con simples principios, ideales, interpretaciones y múltiples reformas tanto constitucionales como del derecho doméstico, ha permeado en los ciudadanos.

Los datos del último Latinobarómetro muestran que la población que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales alcanzó el 75% en 2017 (OCDE/CAF/CEPAL, 2018, Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo, Éditions OCDE, París). Estas cifras reflejan que hoy en día, el contrato social y el Tiranosaurio Rex, en la vida práctica, tienen la misma utilidad… el recuerdo albergado en nuestra imaginación.

Además de la influencia de los organismos internacionales en diferentes jurisdicciones, que han hecho que se pierda la confianza en los gobiernos nacionales, también en la actualidad vivimos un fenómeno económico-social que repercute en la falta de respeto por el Estado; y este es el aumento creciente de la clase media.

La clase media ya no se conforma con malos servicios de educación o de salud, sino que ésta reclama la excelencia en cualquiera de ellos. Esta clase de la que se habla, representa en América Latina y el Caribe un tercio de su población, lo cual representa un mayor número que la población que vive en pobreza.

Los individuos que se encuentran dentro de este estrato social reclaman mayores aspiraciones y exigencias al Estado, como por ejemplo la existencia de más y mejores  empleos que estén mayormente remunerados. En las últimas dos décadas, todos los países que componen América Latina se han visto inmersos en “la trampa del ingreso medio”, la cual consiste en el estancamiento de los niveles de ingreso en el nivel medio de la población.

La pérdida de la confianza por parte de la sociedad hacia el Estado se ve reflejada en una desvinculación de los ciudadanos hacia sus deberes cívicos, y encuentran menos incentivos para involucrarse en asuntos políticos o en el pago de impuestos. La población en América Latina de clase media y alta suele manifestar su insatisfacción renunciando a servicios públicos de baja calidad y recurriendo en su lugar a servicios privados de mejor calidad, sin embargo continúan pagando los impuestos por servicios públicos que no necesariamente usan. En el caso de la atención médica, las aportaciones de seguridad social que le son descontadas por los patrones a los trabajadores (IMSS, ISSSTE). Esto repercute directamente en el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano con el contrato social, particularmente con el pago de los impuestos, lo que se conoce como “moral tributaria”. La disposición a pagar impuestos en los países latinoamericanos no ha dejado de caer desde 2011: en 2015, 52% de los latinoamericanos estaban dispuestos a evadir impuestos si era posible.

¿Qué hacer para recuperar la confianza?

La política y los políticos han hecho lo suyo. A nivel mundial se observa un movimiento hacia políticas nacionalistas y populistas: entre 1996 y 2000, el apoyo mundial a partidos populistas se mantuvo alrededor del 10% de la proporción del voto, mientras que entre 2011 y 2015 esta proporción creció hasta casi 25% (Rodrik D, 2017, “Populism and the economics of globalisation”).

Con todo y los cambios de gobierno hacia el proteccionismo o el populismo -que son parte de las estrategias que usa el Estado para recuperar la confianza en el contrato social- aún falta mucho por hacer para volver a creer en él. De aquí en adelante, habrá que estudiar con mesura los discursos de nuestros políticos que proponen un regreso naíf del anacrónico Estado de Bienestar.

Manuel Sandoval

Manuel Sandoval

Amante de la lectura, apasionado del Derecho. Maestro en Derecho Privado por el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente, Maestrando en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente, litigante en materia Fiscal y Administrativa, asesor jurídico en Derecho Corporativo.
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