\u00c9poca: D\u00e9cima \u00c9poca
\nRegistro: 2016140
\nInstancia: Plenos de Circuito
\nTipo de Tesis: Jurisprudencia
\nFuente: Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n
\nPublicaci\u00f3n: viernes 02 de febrero de 2018 10:04 h
\nMateria(s): (Civil)
\nTesis: PC.I.C. J\/62 C (10a.)<\/p>\n
TIRAS AUDITORAS CERTIFICADAS EN T\u00c9RMINOS DEL ART\u00cdCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR\u00c9DITO. CUANDO SE EXHIBEN EN JUICIO DICHOS REGISTROS ELECTR\u00d3NICOS DEBEN ACOMPA\u00d1ARSE CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES DEL FUNCIONARIO QUE LAS CERTIFICA.<\/p>\n
El art\u00edculo 100, p\u00e1rrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito dispone dos reglas para la certificaci\u00f3n de la reproducci\u00f3n de documentos que pueden realizar las instituciones de cr\u00e9dito, la primera, que sea elaborada por funcionario autorizado y, la segunda, que la certificaci\u00f3n se encuentre debidamente realizada. Por lo que hace a la primera, se estima que “funcionario autorizado” es aquel que labora para una instituci\u00f3n bancaria, al cual el \u00f3rgano rector de \u00e9sta le confiere facultades para certificar; y por lo que hace a la segunda, “debidamente certificado” debe entenderse como la obligaci\u00f3n que tienen los funcionarios autorizados al momento de realizar la certificaci\u00f3n respectiva, consistente en especificar los elementos necesarios para otorgar certeza jur\u00eddica de que la persona que certific\u00f3 el documento se encuentra facultada para ello, por ejemplo, su nombre, el cargo que desempe\u00f1a, el documento que lo faculta para certificar, su firma aut\u00f3grafa y la fecha en que realiza la certificaci\u00f3n. Asimismo, con relaci\u00f3n a lo anterior, se considera que no basta que se plasmen los datos mencionados, pues puede darse el caso de que quien certifica no est\u00e9 facultado para ello, por lo que esa obligaci\u00f3n se relaciona con el deber de acreditar la personalidad y las facultades de quien realiz\u00f3 la certificaci\u00f3n, ya que una vez satisfechos tales elementos, la parte contraria podr\u00e1 controvertir la certificaci\u00f3n realizada por dicho funcionario. En ese sentido, atento al art\u00edculo 90 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, los entes bancarios pueden acreditar la personalidad y las facultades de sus funcionarios autorizados con la certificaci\u00f3n del nombramiento, la cual puede ser expedida por el secretario o el prosecretario del mismo consejo de administraci\u00f3n o del consejo directivo, nombramiento que debe estar inscrito en el Registro P\u00fablico de Comercio. Por tanto, corresponde a las instituciones crediticias acompa\u00f1ar a la certificaci\u00f3n que refiere el art\u00edculo 100 citado, el documento por el cual facult\u00f3 a su funcionario para certificar. Lo anterior, si se toma en consideraci\u00f3n que las instituciones de cr\u00e9dito tienen mayor facilidad de acreditar las facultades con las que cuentan sus funcionarios para certificar, atendiendo a los principios de facilidad y proximidad probatoria. En suma, cuando en juicio se presenten copias certificadas de las tiras auditoras que constituyen registros electr\u00f3nicos mediante los cuales se almacena la informaci\u00f3n relativa a las operaciones efectuadas electr\u00f3nicamente a trav\u00e9s del dispositivo de acceso de autoservicio que permite realizar consultas y operaciones diversas tales como la disposici\u00f3n de dinero en efectivo, aqu\u00e9llas deben acompa\u00f1arse con el documento que acredite la personalidad y las facultades del funcionario autorizado en t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito.<\/p>\n
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.<\/p>\n
Contradicci\u00f3n de tesis 17\/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y S\u00e9ptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de diciembre de 2017. Mayor\u00eda de trece votos de los Magistrados Marco Antonio Rodr\u00edguez Barajas, Alejandro Villag\u00f3mez Gordillo, Paula Mar\u00eda Garc\u00eda Villegas S\u00e1nchez Cordero, Leonel Castillo Gonz\u00e1lez, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hern\u00e1ndez Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Vald\u00e9s, V\u00edctor Hugo D\u00edaz Arellano, Irma Rodr\u00edguez Franco, Gonzalo Arredondo Jim\u00e9nez, Benito Alva Zenteno y Gonzalo Hern\u00e1ndez Cervantes. Disidente: Daniel Horacio Escudero Contreras, quien formul\u00f3 voto particular. Ponente: Paula Mar\u00eda Garc\u00eda Villegas S\u00e1nchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondrag\u00f3n.<\/p>\n
Criterios contendientes:<\/p>\n
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 824\/2016 y el diverso sustentado por el S\u00e9ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 122\/2017.<\/p>\n
Esta tesis se public\u00f3 el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n y, por ende, se considera de aplicaci\u00f3n obligatoria a partir del martes 06 de febrero de 2018, para los efectos previstos en el punto s\u00e9ptimo del Acuerdo General Plenario 19\/2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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