Antecedentes históricos del sistema fiscal mexicano – Parte I.

Es vital para aquellos que buscan adentrarse en los conocimientos que presenta el Sistema Fiscal Mexicano comprender y analizar su evolución, esto nos permite entender cómo se ha llegado a este punto histórico.

Para entender el desarrollo del sistema tributario, es esencial comenzar con sus orígenes en la prehistoria. En Mesoamérica, hace cientos de años, la aplicación de un sistema tributario era necesaria para llevar un control casi exacto de las transacciones de la época. A pesar de que las reglas de tributación compartían similitudes en cuanto a su especie, cada comunidad mantenía elementos propios y característicos que reflejaban su cultura única.

Los mexicas crearon un sistema de tributación trimestral, que se le exigía a los pueblos subordinados. Esto representaba un incremento económico considerable para Tenochtitlán, ya que la riqueza de la ciudad se expandía gracias a las mercancías que ingresaban. Sin embargo, los tributos no eran divididos de forma equitativa, dado que en su mayoría, era gozado por los nobles y resguardado por los templos de aquel lugar. Los tributos en cuestión estaban constituidos por productos manufacturados, oro, artículos para la agricultura y alimentos básicos.

Con la llegada de los conquistadores españoles en 1521, se desmanteló por completo el sistema que existía para la recaudación de los tributos y se instauró uno nuevo que dirigía la recaudación de los mismos para la corona española, siendo así el Virreinato de Nueva España una colonia más. En este nuevo sistema, se introdujo la encomienda, que asignaba comunidades indígenas a los conquistadores. Los indígenas, a su vez, proporcionaban trabajo y tributos directamente a sus encomenderos.

Para asegurar un control preciso de las contribuciones, se constituyó un organismo llamado “La Real Hacienda”. Sus facultades le permitían llevar a cabo los asuntos fiscales en la Nueva España. Esta institución se encargaba de recibir, administrar y resguardar los impuestos que serían enviados a la corona española en Europa.

La Real Hacienda estaba conformada por cajas reales fundadas en los centros administrativos más importantes, como las cajas reales ubicadas en México, Guadalajara, Mérida y Zacatecas hasta contar con más de veinte cajas reales distribuidas en lo que sería el territorio mexicano. Cada caja real estaba integrada por los llamados oficiales reales, que desempeñaban puestos de contadores, tesoreros, recibidores, factores y veedores.

Para entonces, la corona española no sólo percibía los tributos locales, sino también, aquellos que le eran enviados por parte de las colonias. Años más tarde, con la expansión del dominio español, se creó el Tribunal de Cuentas, el cual supervisaba las operaciones de las cajas reales antes de que fueran enviadas a la Contaduría Mayor del Consejo de Indias en Castilla, España. Estos podrían ser en forma de productos agrícolas, dinero o servicios.

Con los crecientes cambios a las necesidades fiscales de la colonia, La Real Hacienda se vio obligada a expandir sus funciones y adaptarse a lo que su materia requería. Se implementaron nuevos impuestos y se ajustó su estructura para mejorar la eficiencia de la recaudación de contribuciones.

Con la llegada de las reformas borbónicas en la constitución de Cádiz, se instauraron intendentes en los diferentes distritos administrativos, quienes tenían amplias facultades fiscales, tales como la recaudación del impuesto de alcabala (impuesto sobre transacciones comerciales) y el impuesto sobre la propiedad. Controlaban los fondos y gestionaban la distribución de los recursos fiscales para proyectos públicos; además, podían realizar auditorías y llevar detallados registros contables de todas las transacciones fiscales, con la condición de informar regularmente a la corona española sobre el estado de las finanzas en su distrito. Esto logró promover el desarrollo económico y la infraestructura, contribuyendo a la modernización de la economía colonial.

Estas reformas y la figura del intendente sentaron las bases para la administración fiscal moderna en muchas partes de América Latina, dejando un legado duradero en las prácticas administrativas y económicas de la región.