Reforma a la Ley Antilavado

Ciudad de México, 16 de julio de 2025.

Con la publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano fortalece su lucha contra el lavado de dinero y las operaciones financieras ilícitas.
Estas modificaciones representan un cambio trascendental en la regulación del sector económico, ampliando las obligaciones de nuevos sectores y reforzando los mecanismos de supervisión, control y cooperación interinstitucional.

Reformas Principales en la Ley Antilavado
Las reformas a la LFPIORPI introducen modificaciones clave en diversos artículos, transformando el marco normativo para prevenir el lavado de dinero. A continuación, se detallan algunos de los cambios más relevantes:

Ampliación del Objeto de la Ley (Artículo 2)
La ley expande su objeto para incluir la coordinación interinstitucional y la persecución de delitos financieros, especialmente en la identificación de estructuras financieras delictivas. Esto refuerza el enfoque preventivo del gobierno frente a las redes de lavado de dinero.

Redefinición del Beneficiario Controlador (Artículo 3)
Una de las reformas más significativas es la redefinición del “Beneficiario Controlador”, que ahora se limita a personas físicas o grupos de personas físicas. Además, se especifica que el control debe ser efectivo, eliminando la ambigüedad del control indirecto o general. La nueva legislación extiende su aplicación a personas morales, aunque no sean clientes directos de quienes realizan actividades vulnerables, ampliando el alcance de las regulaciones.

Nuevas Obligaciones para los Sujetos Obligados (Artículo 18)
Los sujetos obligados a cumplir con la ley, como entidades financieras y otros sectores, deberán seguir nuevos procedimientos de identificación y monitoreo. Entre las reformas más destacadas está la obligación de capacitar anualmente al personal y la creación de políticas internas para la identificación de operaciones sospechosas. Además, se añade la obligación de monitoreo automatizado y auditorías periódicas, diferenciadas según el nivel de riesgo.

Nuevas Actividades Vulnerables (Artículo 17)
La reforma actualiza las actividades vulnerables, incluyendo sectores como el intercambio de activos virtuales y los servicios de blindaje de vehículos, que deberán cumplir con los mismos requisitos de reporte que otras actividades de alto riesgo. Este ajuste refleja el crecimiento de las transacciones fuera del sistema financiero tradicional y la necesidad de incluirlas dentro del marco regulatorio.

Colaboración Interinstitucional y Supervisión (Artículo 51-Bis)
Se establece un nuevo marco de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y diversas entidades públicas, promoviendo una mayor transparencia y fortalecimiento de la prevención. Este cambio permite que tanto las autoridades federales como locales colaboren de manera más eficiente en la lucha contra las operaciones ilícitas.

Reforma al Código Penal Federal
Además de los cambios en la LFPIORPI, la reforma introduce una modificación al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, eliminando el requisito de denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda para que el Ministerio Público pueda investigar operaciones con recursos ilícitos. Con esta reforma, las instituciones financieras pueden ser investigadas penalmente sin la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que eleva la responsabilidad penal de las entidades en caso de incumplimiento.

Construyendo un futuro más transparente
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita marca un hito en la regulación financiera de México, fortaleciendo la capacidad del gobierno para detectar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones ilícitas. Con la inclusión de nuevos sectores económicos y un enfoque más riguroso en la cooperación interinstitucional, el país avanza hacia una mayor transparencia y un sistema financiero más seguro.

Esta reforma entra en vigor el 17 de julio de 2025, con plazos establecidos para la implementación de medidas adicionales, lo que permitirá una transición gradual hacia el nuevo marco regulatorio. Las autoridades, empresas y ciudadanos deberán adaptarse a estos cambios para cumplir con las nuevas disposiciones y evitar posibles sanciones.

Más que una obligación legal, esta reforma invita a una nueva cultura de cumplimiento y responsabilidad compartida.