El procedimiento de cateos y visitas domiciliarias es fundamental en el ámbito fiscal y penal, y su correcta ejecución depende de un conjunto de requisitos legales. Estos requisitos aseguran que las diligencias se realicen con base en el respeto a los derechos del ciudadano, evitando abusos de autoridad y garantizando la validez de las pruebas obtenidas. Este artículo resume los requisitos esenciales que deben considerarse para la adecuada práctica de estos actos, y adicional a esto, un análisis de las similitudes que hay entre ambas prácticas.
1. Especificación del Domicilio
- En la práctica de los cateos, la orden debe indicar el lugar específico, las personas a aprehender y los objetos buscados. No se permite designar múltiples domicilios en una sola orden.
- De igual forma, una visita domiciliaria debe limitarse al lugar especificado en la orden y no en ningún otro, aunque corresponda a dependencias del sujeto visitado. Por tanto, no es válido designar en una sola orden diversos domicilios.
2. Determinación del Sujeto Pasivo
- Es crucial especificar quiénes estarán presentes durante la diligencia, citando los fundamentos legales que justifican la orden. Se debe incluir el nombre del contribuyente y el ejercicio a revisar.
3. Concepto del Domicilio
- Solo el domicilio efectivo del gobernado es susceptible de inspección, no las oficinas o despachos adicionales.
4. Objetivo de la Visita
- La orden debe detallar los objetivos específicos de la inspección, indicando claramente los impuestos a revisar. No se aceptan descripciones generales.
5. Levantamiento del Acta Circunstanciada
- Al finalizar la inspección, se debe redactar un acta en presencia de dos testigos. Esta acta debe comenzar a elaborarse al inicio de la visita y detallar minuciosamente todos los hechos observados, incluyendo tiempo y lugar.
La correcta aplicación de los requisitos para cateos y visitas domiciliarias es esencial para garantizar la legalidad y legitimidad de estos procedimientos. A través de la especificación clara del domicilio, la identificación precisa de los sujetos involucrados, y el detallado levantamiento del acta, se protege tanto los derechos de los ciudadanos como la integridad de la administración pública. Así, se establece un marco que fomenta la transparencia y la justicia en la práctica de estos actos.
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